(SERPRES) .-Tras la polémica desatada a propósito de la censura del libro "Una tragedia Ocultada" escrito por el misionero español Miguel Ángel Cabodevilla, Massimo de Marchi y Milagros Aguirre, varios medios de comunicación privados intentaron, a la primera de cambio, responsabilizar a las autoridades gubernamentales. En la usual línea victimista, los medios opositores encontraron una trinchera desde donde defender su tesis de una supuesta censura previa proveniente de Carondelet, ignorando por completo que la medida fue dictada por la Jueza Hilda Yolanda Garcés Dávila, quien actuó a petición del director nacional de Protección de Derechos Humanos y Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, Wilton Guaranda Mendoza.
Inmediatamente tras la prohibición de circulación del libro, el Gobierno Nacional realizó un pronunciamiento oficial en el que rechazaba la medida tomada por la jueza y el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, llamó personalmente a Miguel Ángel Cabodevilla, para manifestarle su irrestricto apoyo. "Yo le agradezco esa llamada porque era un momento difícil para mí, es la primera vez en Ecuador que me acusaban de abusar de la imagen de niñas. Y para mí era muy desagradable. Además no tenía abogado, no sabía bien qué hacer. No tenía ni un papel de la jueza. Entonces el presidente me dijo que tuviera la seguridad de que era una acción que no fue dictada ni por la Presidencia ni por el Gobierno. Me dijo que él no quería coartar nuestra opinión. Pero que a él le parecía una gran torpeza" dijo el autor tras su conversación con el primer mandatario.
Las declaraciones de Cabodevilla, sumadas al pronunciamiento oficial, demuestran la voluntad de libertad en general, y de expresión en particular, que profesa y practica la Revolución Ciudadana, muy a pesar de ciertos actores políticos.
