Lucía Fernández, presidenta de la Federación de Cámaras de Manabí y dedicada a la actividad pesquera industrial, dice que una “realidad muy triste” afecta a su ciudad, importante en el ámbito nacional por las exportaciones relacionadas con la pesca, que sale por Guayaquil. “Se estima que se exportan 650 millones al año”, dice.
Y reclama, citando la novela El cartel de los sapos, en la que se nombra a Manta como un punto del narcotráfico. “Nos preocupa porque todo el sector productivo está mancillado; nos preocupa porque la droga puede contaminar la producción, pues la pesca es apropiada para ese tipo de ilícito”, expone. Reniega porque, según ella, cuando el FOL (Puesto de Operaciones de Avanzada de EE.UU.) dejó la Base de Manta, en el 2009, los sectores productivos pidieron, sin éxito, que el Gobierno delegue el control antidrogas a otro organismo internacional.
Ahora, la presencia de bandas del narcotráfico es evidente. Una fuente policial y dirigentes barriales dan nombres. La de Los Choneros quiere ser la hegemónica. Con esta disputan espacios Los Rusos, la del Negro Arroyo, la liderada por alias Cena, los Queseros, la Farfán, los Carreño, los Guerrero.
Además del narcotráfico, estas actuarían en el sicariato, en venta de drogas al menudeo, robos a locales comerciales, domicilios, asaltos en buses y más.
Eduardo Durán, presidente de la Federación cantonal de Barrios, dice que en cada sector se vive con miedo. “Esto afecta el bienestar ciudadano; en el trabajo hay incertidumbre, pues no sabes con quién te metes si, por ejemplo, entras en una empacadora de pescado y esta está metida en el narcotráfico”, dice.
Dos barrios son señalados como los más peligrosos y donde operan sicarios y bandas. Uno es el 15 de Abril, al sur. El ambiente de temor se refleja en sus calles. Por las ventanas de las villas o casas de dos pisos, de bloque, sus ocupantes miran recelosos a algún extraño. De vez en cuando el paso de un carro o una moto quita el ambiente solitario.
Un hombre con corte de pelo tipo militar se ofrece como guía para mostrar la casa de una dirigente. “Solo le indico y me vuelven a dejar; no quiero que me vayan a luquear”, afirma. En una esquina aparece un grupo de hombres. “Ya me sapearon estos... Vea, le digo la plena, aquí sí hay bandas. Lo que deben hacer es mandar un grupo especial y barrer con todo, como hicieron el siglo pasado”, afirma. Se baja del vehículo y corre, se mete en una vivienda.
Ramona Zambrano, a quien el individuo la señala como dirigente, aclara que el barrio es tranquilo. “Lo que pasa es que confunden. La gente mala viene de otro lado. Los que sí son de aquí son los dos que murieron la semana pasada”, cita la mujer.
La Pradera es el otro barrio señalado por la Policía como crítico. Es la antítesis del anterior. Hay mucho movimiento comercial. A media cuadra de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) está la casa de Joza, destruida por explosivos. Una maestra de un plantel ubicado al frente se enfurece con la Policía. “Aquí ya no se puede vivir”, asegura. Uno de los tres miembros de la UPC, con la aclaración de que no está autorizado a hablar, detalla que son tres miembros con una moto y una radio como implementos. Es una realidad que se repite en otros barrios, aunque en toda la zona actúan 623 uniformados.
La concejala Abad también exige resultados a la Policía. “Cada que hay un muerto dicen que es un ajuste entre bandas, pero no dicen cuáles son las bandas y quién las dirige”. Destaca que el Municipio alista una ordenanza para regular la circulación en motos. Pide que se instale un laboratorio de criminalística.
Ahora, la presencia de bandas del narcotráfico es evidente. Una fuente policial y dirigentes barriales dan nombres. La de Los Choneros quiere ser la hegemónica. Con esta disputan espacios Los Rusos, la del Negro Arroyo, la liderada por alias Cena, los Queseros, la Farfán, los Carreño, los Guerrero.
Además del narcotráfico, estas actuarían en el sicariato, en venta de drogas al menudeo, robos a locales comerciales, domicilios, asaltos en buses y más.
Eduardo Durán, presidente de la Federación cantonal de Barrios, dice que en cada sector se vive con miedo. “Esto afecta el bienestar ciudadano; en el trabajo hay incertidumbre, pues no sabes con quién te metes si, por ejemplo, entras en una empacadora de pescado y esta está metida en el narcotráfico”, dice.
Dos barrios son señalados como los más peligrosos y donde operan sicarios y bandas. Uno es el 15 de Abril, al sur. El ambiente de temor se refleja en sus calles. Por las ventanas de las villas o casas de dos pisos, de bloque, sus ocupantes miran recelosos a algún extraño. De vez en cuando el paso de un carro o una moto quita el ambiente solitario.
Un hombre con corte de pelo tipo militar se ofrece como guía para mostrar la casa de una dirigente. “Solo le indico y me vuelven a dejar; no quiero que me vayan a luquear”, afirma. En una esquina aparece un grupo de hombres. “Ya me sapearon estos... Vea, le digo la plena, aquí sí hay bandas. Lo que deben hacer es mandar un grupo especial y barrer con todo, como hicieron el siglo pasado”, afirma. Se baja del vehículo y corre, se mete en una vivienda.
Ramona Zambrano, a quien el individuo la señala como dirigente, aclara que el barrio es tranquilo. “Lo que pasa es que confunden. La gente mala viene de otro lado. Los que sí son de aquí son los dos que murieron la semana pasada”, cita la mujer.
La Pradera es el otro barrio señalado por la Policía como crítico. Es la antítesis del anterior. Hay mucho movimiento comercial. A media cuadra de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) está la casa de Joza, destruida por explosivos. Una maestra de un plantel ubicado al frente se enfurece con la Policía. “Aquí ya no se puede vivir”, asegura. Uno de los tres miembros de la UPC, con la aclaración de que no está autorizado a hablar, detalla que son tres miembros con una moto y una radio como implementos. Es una realidad que se repite en otros barrios, aunque en toda la zona actúan 623 uniformados.
La concejala Abad también exige resultados a la Policía. “Cada que hay un muerto dicen que es un ajuste entre bandas, pero no dicen cuáles son las bandas y quién las dirige”. Destaca que el Municipio alista una ordenanza para regular la circulación en motos. Pide que se instale un laboratorio de criminalística.
Fuente: El Universo
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