lunes, 31 de octubre de 2011

Manabí: incertidumbre en 234 notificados, negro feriado en sector público




Hoy, a las 10:00, la Cedocut, que agrupa a 720 organizaciones clasistas, anuncia acciones contra la compra obligatoria de renuncias
"Fue un balde de agua fría, una sorpresa para todos, inclusive para quienes no fuimos notificados; a varios compañeros les han notificado sin justificación alguna, porque son buenos trabajadores", dijo a HOY un funcionario público de Guaranda que pidió el anonimato. "Dicen que son 15 a los que les sacan de los cargos en la provincia (de Bolívar). La gente está muy afectada y emprenderá acciones legales", comentó.

En igual situación están unos 3 500 funcionarios públicos quienes, desde el viernes pasado, con presencia de policías, empezaron recibir la notificación de que se les ha aplicado la compra obligatoria se su renuncia, dispuesta por el presidente Rafael Correa en el decreto 813.

"Este es un negro feriado y una terrible navidad anticipada del Gobierno para la clase trabajadora. Si el presidente dice que son los corruptos los que están sacando, que dé nombres y las evaluaciones que les han hecho. A nosotros no nos van a coger como rabos de paja, no permitiremos que este atropello; el trabajo es un derecho universal y que no vengan a decir que nos oponemos al cambio", enfatizó.

Recordó, además, que dicho decreto fue impugnado en la Corte Constitucional. "Exigimos que esa corte celestial se pronuncie de inmediato", dijo y advirtió que si los afectados no están dispuestos a defender sus derechos con acciones legales o movilizándose, por temor represalias y juicios, su lucha será cuesta arriba.

HOY buscó el fin de semana una versión del ministro de Relaciones Laborales y del de Interior, sin poder obtenerla. (MEVO)

Manabí: incertidumbre en 234 notificados

La ola de despidos de burócratas sigue causando estragos en Manabí. El sábado fueron notificados 14 funcionarios de la Subsecretaría de Obras Públicas y 16 de las cárceles, sobre la compra obligatoria de sus renuncias. La medida inició el viernes en el hospital de Portoviejo y en la Dirección Provincial de Salud, donde 50 personas ya han recibido la noticia, aunque dirigentes gremiales estiman que la cifra ascenderá a 170. Los empleados están desconcertados. Reynaldo García, quien trabaja 39 años en la Dirección de Salud, y otros funcionarios anunciaron acciones legales contra la medida que ha generado incertidumbre. (LFV)

Aumentan las voces de protesta y acciones

La Federación de Trabajadores del Guayas (FPTG), en voz de su presidente, Bolívar Merchán, rechazó la medida, al igual que Ricardo Ramírez, presidente del Frente Popular por la Salud de los Pueblos.

En declaraciones a la prensa, Ramírez dijo que esta acción del Gobierno está generando un caos en los hospitales públicos del país, debido a que se ha alterado la planificación de cirugías.

"No habrá quien las realice debido a que han despedido a los pocos médicos especialistas con los que cuenta el sector", lamentó el dirigente.

Orly Oyague, titular de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), dijo que la medida es inconstitucional y constituye un despido sorpresivo.

Fuente: Hoy.com,ec

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