El agua enciende la mecha

Escrito por laverde

En la gestión ambiental ahora se hace necesario considerar algo que suena complicado: la internalización de las externalidades. ¿Qué quiere decir esto? Significa, sencillamente, incorporar las potenciales afectaciones que no se ven a los costos de cualquier megaconstrucción. Entonces, una de las principales externalidades es el desplazamiento de la población. Los proyectos hidroeléctricos y los represamientos normalmente implican la anegación de zonas que generalmente albergan a comunidades que desarrollan actividades productivas específicas según el entorno: agricultura y turismo, especialmente. Hidroenergía, trasvases, minería arman el guión desarrollista oficial. ¿Cuál es el impacto en el campo, el turismo, la biodiversidad? Vanguardia muestra los actuales conflictos sociales en torno al agua. Desarrollo y paz social hoy no riman en Ecuador. Hay, más bien, rumor de batalla. La promesa millonaria de la reactivación productiva del país, mediante la hidroelectricidad, la minería y los trasvases multipropósito, tiene un envés con una factura social y ambiental impredecible, pues dicha promesa no juega con fuego sino con agua. Agua que corre hacia presas, piscinas de procesamiento y megacanales. Agua que atraviesa a Coca Codo Sinclair, a las minas de la cordillera del Cóndor, a los proyectos manabitas donde se multiplican los pasivos para las poblaciones aledañas que viven de la agricultura y el ecoturismo. Se trata de otra reedición de la paradoja del progreso. O de una mimetizada y curiosa privatización del agua en manos del Estado. Por un lado avanza el gobierno, con 11 megaproyectos de generación hidroeléctrica en agenda. Y a contracorriente las comunidades potencial y factualmente afectadas se organizan para que sus puntos de vista sean escuchados.  A inicios de mes, Manabí y Tungurahua, por citar dos ejemplos, supieron que el gobierno avanza a toda máquina. Río Grande, comunidad asentada en el cantón Chone, vive con una presidencial espada de Damocles. Si las familias que critican el Proyecto multipropósito (Pmpch) no deponen sus acciones, que incluyen la solicitud de medidas cautelares, el Ejecutivo dijo que se entrará a la zona incluso a la fuerza. El 2 de septiembre la jueza María Bravo decidió que la Senagua y los técnicos de la empresa china Tiesiju, a cargo de la obra, pueden ingresar a operar en 40 ha del agricultor Alfredo Zambrano, donde se construiría la represa, estructura que, en la versión oficial, servirá para poner punto final a las atávicas inundaciones en Chone. En Carondelet se reduce el conflicto a números. Se cree que el problema nace en 103 familias manipuladas por Pachakutik y el MPD. Pero hay estudios que hablan de los pasivos del Pmpch. “En Río Grande serán desplazadas unas 6.000 personas —dice David Reyes, experto en temas hídricos de Acción Ecológica—, esto para un área de riego de 2.000 hectáreas”. Y en la perspectiva de Kashyapa Yapa, ingeniero esrilanqués experto en trasvases y que asesora a comunidades campesinas de Ecuador, “la represa es la peor solución a las inundaciones de Chone. Su propuesta se basa en la visión blindada de la época dorada de las grandes represas: que todos los ríos que se desbordan se deben encarcelar, domar y dominar, para el beneficio de los habitantes de la ciudad”. Dice Yapa que en el Pmpch hay errores de cálculo de caudales, pluviosidad y consistencia del suelo donde se construiría la presa. Además, no se toman en cuenta los factores agravantes de las inundaciones, como la deforestación del manglar en el estuario del Chone, la eclosión de camaroneras por las cuales se han abierto un sinnúmero de esteros hacia las piscinas y, en parte, la mala orientación de las compuertas de la presa Simbocal que canaliza las aguas del río Carrizal hacia el Chone. Las consecuencias: poblaciones incomunicadas, deterioro de suelos productivos, generación de microclimas propicios para enfermedades tropicales y muerte del agua de los ríos represados por la acumulación de nitrógeno, fósforo y CO2 en los sedimentos y en las cortezas de lechuguines que cubren el espejo de agua. En Río Grande no quieren sufrir lo que sufren los afectados por La Esperanza, Poza Honda y Daule-Peripa. Y en el resto del Litoral y del país las dudas crecen en torno a una veintena de proyectos, entre ellos San José del Tambo, Angamarca, Baba… “En este —dice David Reyes— hay un informe de la Contraloría que indica que faltan facturas por 20 millones de dólares. Además, con este proyecto multipropósito se desvían las aguas a la provincia del Guayas y se deja un caudal de apenas 10 m3/s a todo lo que es Buena Fe, Quevedo, Mocache y Vinces, en la provincia de Los Ríos”. Ricardo Buitron - Revista Vanguardia, Setiembre 2011 - http://www.revistavanguardia.com/ Entre tanto la Senagua espera que en el caso Río Grande el fallo de la jueza Bravo le sea favorable. Pero en este punto Reyes, de Acción Ecológica, cuestiona si la entidad está asumiendo funciones que constitucionalmente le corresponden. “Esta es la entidad que regula y planifica el agua en el Ecuador y hoy está haciendo un trasvase”. Vanguardia solicitó una entrevista con Cristóbal Punina y Alexis Ponce, secretario y subsecretario de la Senagua, respectivamente, para abordar la problemática social en torno a los proyectos hídricos, pero la cita no se concretó.