CHONE, Manabí. En la oficina de Senagua se realizó la cita con agricultores de Río Grande. Se espera cancelar las tierras la próxima semana.
Juan Bosco Zambrano | CHONE, Manabí
Pese a que la mayoría de habitantes de Río Grande se opone a la construcción de una represa en su territorio, ayer 37 campesinos de esa zona se reunieron con Benhur Rodríguez, subsecretario de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), para pulir detalles de la negociación de sus tierras.
Mientras ello ocurría en Chone, donde Senagua tiene una oficina; en Río Grande, zona rural ubicada a 10m de la cabecera cantonal, se mantenía la expectativa ante una posible incursión de la fuerza pública, como lo advirtió el presidente Rafael Correa si es que seguía la oposición a la obra de la represa.
Los comuneros montan guardia y afirman que morirían por sus tierras. Acusan a Senagua de no socializar con ellos la construcción de la represa, que es parte del Proyecto Propósito Múltiple Chone (Ppmch), propuesta que prevé terminar con el problema de inundaciones del cantón manabita.
Tras la reunión en Chone, el subsecretario Rodríguez anunció que faltan ciertos documentos para proceder a la cancelación de los dineros a los 37 campesinos. Aseguró que la próxima semana se pagará a 13.
Asimismo remarcó que Senagua está dispuesta a seguir dialogando con los demás propietarios de predios que serán afectados por la obra. En total, suman 230 dueños.
El campesino de Río Grande, Freddy Bermúdez, sin precisar de cuántas hectáreas es propietario, dijo que accedió a negociar sus tierras porque considera que la represa es una obra importante para Chone.
En tanto, el 23 de junio pasado, otros dos propietarios recibieron cheques simbólicos por sus tierras en un acto efectuado en el Municipio chonero.
Senagua tiene previsto construir una represa a un monto de más de $ 50 millones que –según el Gobierno– retendría 118 millones de metros cúbicos de agua. Con ello se dotará líquido en el verano y se evitarán inundaciones en el invierno.
Al plan, campesinos de Río Grande, zona de unos 180 km², han mostrado resistencia porque, entre otros motivos, defienden su actividad agrícola.
La gobernadora de Manabí, Susana Dueñas, ha sido una de las autoridades que han ido a esa zona a mediar en el conflicto, sin mayores resultados.
El abogado defensor de los comuneros, Pablo Cornejo, refirió que la advertencia del presidente Correa, respecto a un posible ingreso de la fuerza pública a Río Grande (que hizo el sábado pasado), tiene “más bien un carácter político”.
“No tiene nada que ver con lo jurídico, porque se vive en un estado de derecho y el presidente de la República no puede intervenir en estos asuntos sino la entidad pertinente que es la Senagua, que debe realizar todos los trámites dentro del marco de la Constitución y la ley”, comentó Cornejo.
El abogado manifestó que Senagua no cumplió con lo que establece el art. 398 de la Constitución, respecto a la “consulta previa, libre e informada”.
Cuestionó el cumplimiento del contrato. Dijo que este se suscribió el 24 de julio del 2010 y que a la fecha “debería haber un avance del 33% en vista de que el plazo es de tres años”. “Si no se ha cumplido el contrato simplemente es nulo, lo establece el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental”.
Más datos: Conflicto
Audiencia
La jueza segunda provincial de Tránsito, María Auxiliadora Bravo, convocó para el próximo martes a una audiencia dentro de la acción de protección presentada por el campesino Alfredo Zambrano Vera. Citó a autoridades seccionales.
Estudio universitario
En una providencia anunciada ayer, Bravo también dispuso que estudiantes universitarios elaboren un informe “sobre los efectos y necesidad de la construcción del dique del Propósito Múltiple Chone” en el predio de Zambrano. Pidió que se recopile información también en la constructora.
Mientras ello ocurría en Chone, donde Senagua tiene una oficina; en Río Grande, zona rural ubicada a 10m de la cabecera cantonal, se mantenía la expectativa ante una posible incursión de la fuerza pública, como lo advirtió el presidente Rafael Correa si es que seguía la oposición a la obra de la represa.
Los comuneros montan guardia y afirman que morirían por sus tierras. Acusan a Senagua de no socializar con ellos la construcción de la represa, que es parte del Proyecto Propósito Múltiple Chone (Ppmch), propuesta que prevé terminar con el problema de inundaciones del cantón manabita.
Tras la reunión en Chone, el subsecretario Rodríguez anunció que faltan ciertos documentos para proceder a la cancelación de los dineros a los 37 campesinos. Aseguró que la próxima semana se pagará a 13.
Asimismo remarcó que Senagua está dispuesta a seguir dialogando con los demás propietarios de predios que serán afectados por la obra. En total, suman 230 dueños.
El campesino de Río Grande, Freddy Bermúdez, sin precisar de cuántas hectáreas es propietario, dijo que accedió a negociar sus tierras porque considera que la represa es una obra importante para Chone.
En tanto, el 23 de junio pasado, otros dos propietarios recibieron cheques simbólicos por sus tierras en un acto efectuado en el Municipio chonero.
Senagua tiene previsto construir una represa a un monto de más de $ 50 millones que –según el Gobierno– retendría 118 millones de metros cúbicos de agua. Con ello se dotará líquido en el verano y se evitarán inundaciones en el invierno.
Al plan, campesinos de Río Grande, zona de unos 180 km², han mostrado resistencia porque, entre otros motivos, defienden su actividad agrícola.
La gobernadora de Manabí, Susana Dueñas, ha sido una de las autoridades que han ido a esa zona a mediar en el conflicto, sin mayores resultados.
El abogado defensor de los comuneros, Pablo Cornejo, refirió que la advertencia del presidente Correa, respecto a un posible ingreso de la fuerza pública a Río Grande (que hizo el sábado pasado), tiene “más bien un carácter político”.
“No tiene nada que ver con lo jurídico, porque se vive en un estado de derecho y el presidente de la República no puede intervenir en estos asuntos sino la entidad pertinente que es la Senagua, que debe realizar todos los trámites dentro del marco de la Constitución y la ley”, comentó Cornejo.
El abogado manifestó que Senagua no cumplió con lo que establece el art. 398 de la Constitución, respecto a la “consulta previa, libre e informada”.
Cuestionó el cumplimiento del contrato. Dijo que este se suscribió el 24 de julio del 2010 y que a la fecha “debería haber un avance del 33% en vista de que el plazo es de tres años”. “Si no se ha cumplido el contrato simplemente es nulo, lo establece el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental”.
Más datos: Conflicto
Audiencia
La jueza segunda provincial de Tránsito, María Auxiliadora Bravo, convocó para el próximo martes a una audiencia dentro de la acción de protección presentada por el campesino Alfredo Zambrano Vera. Citó a autoridades seccionales.
Estudio universitario
En una providencia anunciada ayer, Bravo también dispuso que estudiantes universitarios elaboren un informe “sobre los efectos y necesidad de la construcción del dique del Propósito Múltiple Chone” en el predio de Zambrano. Pidió que se recopile información también en la constructora.
Fuente: El Universo
No hay comentarios:
Publicar un comentario