En Río Grande, en Chone. Los campesinos colocaron pancartas con la protesta. Juan Carlos Pérez / EL COMERCIO
El Mandatario dijo que, si en 48 horas no se llegaba a un acuerdo, se solicitaría la intervención de la Fuerza Pública en la zona. Yo no puedo, por una centena de familias, sacrificar el bien común de 20 000 familias en Chone”, refirió CorreaLa represa es parte del proyecto Multipropósito Chone que busca resolver los problemas de sequía e inundaciones que soporta el cantón manabita en verano e invierno, respectivamente.
Elvis Suárez, presidente del Comité de Defensa de Río Grande, invitó al presidente Correa a dialogar en la comunidad, antes de enviar a la Policía.Aseguró que su protesta está protegida por la Constitución. “En el artículo 98 se habla del derecho a la resistencia y es lo que estamos haciendo, de forma pacífica”. Según el dirigente, el jueves anterior se entregó al Presidente una carpeta en la que se explicaba que 6 000 hectáreas de tierra productiva quedarían bajo el agua y 1700 familias perderían sus fuentes de trabajo.Pero Richelieu Mendoza, líder zonal de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), afirmó que las hectáreas afectadas serían 1050 y que 290 personas también serían perjudicadas.
Ayer, por la mañana, Susana Dueñas gobernadora de Manabí acudió a Río Grande y explicó a los pobladores que se les pagará por la tierra que quedará bajo el agua por la construcción de la represa. Además, que serán reubicados y que tendrán alternativas productivas para subsistir.Alfredo Zambrano, de 72 años, se mostró incrédulo y afirmó que no saldrá de la propiedad que tiene en el sitio donde se levantará el dique.
“Lo que queremos es que no se construya la presa”.Dueñas mantuvo una reunión a puerta cerrada con el resto de autoridades de Chone para evaluar la situación. Se conoció que se daría tiempo a los pobladores hasta mañana para que se acerquen a negociar con la Senagua. De lo contrario, las propiedades podrían declararse de uso público y serían tomadas por la fuerza, con la ayuda de la Fuerza Pública.
“Que no se atrevan”, dijo Boris Zambrano, un ecologista que apoya la protesta en Río Grande. “Aquí hay niños y mujeres que defienden a su tierra. Responsabilizamos al Gobierno de lo que pueda ocurrir. Ellos hablan de mantener un diálogo y no quieren escucharnos"
Fuente: El Comercio
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