Todos los presentes, delegados de las comunidades de Río Grande, desde El Espejo hasta El Pueblito y desde Platanales hasta Sánchez, manifestaron una vez más su tenaz oposición a la represa y al desaguadero San Antonio que afectaría al humedal La Segua. “No estamos vendiendo nuestra tierra, seguiremos luchando por la herencia de nuestros hijos con las únicas armas que poseemos que son nuestras manos y nuestros corazones”.
Esta obra, que impulsa la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), según los dirigentes de 34 comunidades atenta contra los derechos de sus habitantes. Dicen que desaparecerán sus fincas en un área de 5 000 hectáreas que comprende la microcuenca del Río Grande.
Los trabajos debían comenzar en enero, pero las comunidades interpusieron una acción de protección y, además, se acogieron al derecho a la resistencia, que contempla la Constitución.
Boris Zambrano, vocero de las comunidades donde viven 2 000 familias, dijo que mediante esa acción demandaron a la Senagua por pretender construir la represa “sin haber socializado ese proyecto, jamás nos consultaron, además, con esa obra, van a inundar nuestras propiedades”.
El jueves pasado hubo una audiencia en el Juzgado Tercero de Tránsito de Pichincha, en donde por sorteo recayó la demanda.
Allí las partes –los dirigentes de las comunidades y de Senagua- expusieron sus argumentos que servirán de base para que ese Juzgado tome una resolución.
El reservorio -que almacenará las aguas de los ríos Mosquito, Garrapata y Grande- servirá para controlar las inundaciones que afectan en la época invernal a la zona urbana de Chone.
Zambrano indicó que se oponen a la construcción de la represa, porque 5 000 hectáreas quedarán bajo el agua”.
Los comuneros sostienen que la Senagua no tiene un censo sobre la realidad agrícola y la infraestructura de la zona.
Este diario intentó ayer obtener una versión de la Senagua pero no fue posible. Domingo Paredes, titular de la Senagua, señaló en enero pasado que solo 240 familias son las ‘aparentemente’ perjudicadas. Manuel Moreno, asesor de la Senagua, dijo que el proceso de diálogo con los agricultores avanza, lo cual viabilizará la construcción de la represa.
Fuente: El Comercio
Esta obra, que impulsa la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), según los dirigentes de 34 comunidades atenta contra los derechos de sus habitantes. Dicen que desaparecerán sus fincas en un área de 5 000 hectáreas que comprende la microcuenca del Río Grande.
Los trabajos debían comenzar en enero, pero las comunidades interpusieron una acción de protección y, además, se acogieron al derecho a la resistencia, que contempla la Constitución.
Boris Zambrano, vocero de las comunidades donde viven 2 000 familias, dijo que mediante esa acción demandaron a la Senagua por pretender construir la represa “sin haber socializado ese proyecto, jamás nos consultaron, además, con esa obra, van a inundar nuestras propiedades”.
El jueves pasado hubo una audiencia en el Juzgado Tercero de Tránsito de Pichincha, en donde por sorteo recayó la demanda.
Allí las partes –los dirigentes de las comunidades y de Senagua- expusieron sus argumentos que servirán de base para que ese Juzgado tome una resolución.
El reservorio -que almacenará las aguas de los ríos Mosquito, Garrapata y Grande- servirá para controlar las inundaciones que afectan en la época invernal a la zona urbana de Chone.
Zambrano indicó que se oponen a la construcción de la represa, porque 5 000 hectáreas quedarán bajo el agua”.
Los comuneros sostienen que la Senagua no tiene un censo sobre la realidad agrícola y la infraestructura de la zona.
Este diario intentó ayer obtener una versión de la Senagua pero no fue posible. Domingo Paredes, titular de la Senagua, señaló en enero pasado que solo 240 familias son las ‘aparentemente’ perjudicadas. Manuel Moreno, asesor de la Senagua, dijo que el proceso de diálogo con los agricultores avanza, lo cual viabilizará la construcción de la represa.
Fuente: El Comercio
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