En Río Grande, en Chone. Los campesinos colocaron pancartas con la protesta.
Juan Carlos Pérez / EL COMERCIO
En Chone (provincia de Manabí) no hay acuerdo sobre la construcción de una represa en el sector de Río Grande.
Diez dirigentes, que dicen representar a 1700 familias, manifestaron, en un comunicado público, que no permitirán la expropiación de sus tierras.
Ayer se reunieron en el sitio donde se construye el dique y colocaron carpas para acampar, banderas y pancartas con consignas de rechazo al proyecto.
Desde ahí cuestionaron el ultimátum que diera el presidente Rafael Correa, en su cadena del sábado pasado. El Mandatario dijo que, si en 48 horas no se llegaba a un acuerdo, se solicitaría la intervención de la Fuerza Pública en la zona. Yo no puedo, por una centena de familias, sacrificar el bien común de 20 000 familias en Chone”, refirió Correa
La represa es parte del proyecto Multipropósito Chone que busca resolver los problemas de sequía e inundaciones que soporta el cantón manabita en verano e invierno, respectivamente.
Elvis Suárez, presidente del Comité de Defensa de Río Grande, invitó al presidente Correa a dialogar en la comunidad, antes de enviar a la Policía.
Aseguró que su protesta está protegida por la Constitución. “En el artículo 98 se habla del derecho a la resistencia y es lo que estamos haciendo, de forma pacífica”. Según el dirigente, el jueves anterior se entregó al Presidente una carpeta en la que se explicaba que 6 000 hectáreas de tierra productiva quedarían bajo el agua y 1700 familias perderían sus fuentes de trabajo.
Pero Richelieu Mendoza, líder zonal de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), afirmó que las hectáreas afectadas serían 1050 y que 290 personas también serían perjudicadas.
Ayer, por la mañana, Susana Dueñas gobernadora de Manabí acudió a Río Grande y explicó a los pobladores que se les pagará por la tierra que quedará bajo el agua por la construcción de la represa. Además, que serán reubicados y que tendrán alternativas productivas para subsistir.
Alfredo Zambrano, de 72 años, se mostró incrédulo y afirmó que no saldrá de la propiedad que tiene en el sitio donde se levantará el dique. “Lo que queremos es que no se construya la presa”.
Dueñas mantuvo una reunión a puerta cerrada con el resto de autoridades de Chone para evaluar la situación. Se conoció que se daría tiempo a los pobladores hasta mañana para que se acerquen a negociar con la Senagua. De lo contrario, las propiedades podrían declararse de uso público y serían tomadas por la fuerza, con la ayuda de la Fuerza Pública.
“Que no se atrevan”, dijo Boris Zambrano, un ecologista que apoya la protesta en Río Grande. “Aquí hay niños y mujeres que defienden a su tierra. Responsabilizamos al Gobierno de lo que pueda ocurrir. Ellos hablan de mantener un diálogo y no quieren escucharnos”.
El proceso judicial
Los dirigentes de Río Grande presentaron una acción de protección ante el Juzgado Tercero de Tránsito de Pichincha, el 27 de abril del 2011. Pero esta no fue aceptada.
El proceso pasó a una instancia superior y aún no hay un fallo. Según el abogado de la comunidad, Pablo Cornejo, mientras el caso no se resuelva no podrán intervenir las tierras.
En Senagua se indicó que la obra no se frenará.
Diez dirigentes, que dicen representar a 1700 familias, manifestaron, en un comunicado público, que no permitirán la expropiación de sus tierras.
Ayer se reunieron en el sitio donde se construye el dique y colocaron carpas para acampar, banderas y pancartas con consignas de rechazo al proyecto.
Desde ahí cuestionaron el ultimátum que diera el presidente Rafael Correa, en su cadena del sábado pasado. El Mandatario dijo que, si en 48 horas no se llegaba a un acuerdo, se solicitaría la intervención de la Fuerza Pública en la zona. Yo no puedo, por una centena de familias, sacrificar el bien común de 20 000 familias en Chone”, refirió Correa
La represa es parte del proyecto Multipropósito Chone que busca resolver los problemas de sequía e inundaciones que soporta el cantón manabita en verano e invierno, respectivamente.
Elvis Suárez, presidente del Comité de Defensa de Río Grande, invitó al presidente Correa a dialogar en la comunidad, antes de enviar a la Policía.
Aseguró que su protesta está protegida por la Constitución. “En el artículo 98 se habla del derecho a la resistencia y es lo que estamos haciendo, de forma pacífica”. Según el dirigente, el jueves anterior se entregó al Presidente una carpeta en la que se explicaba que 6 000 hectáreas de tierra productiva quedarían bajo el agua y 1700 familias perderían sus fuentes de trabajo.
Pero Richelieu Mendoza, líder zonal de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), afirmó que las hectáreas afectadas serían 1050 y que 290 personas también serían perjudicadas.
Ayer, por la mañana, Susana Dueñas gobernadora de Manabí acudió a Río Grande y explicó a los pobladores que se les pagará por la tierra que quedará bajo el agua por la construcción de la represa. Además, que serán reubicados y que tendrán alternativas productivas para subsistir.
Alfredo Zambrano, de 72 años, se mostró incrédulo y afirmó que no saldrá de la propiedad que tiene en el sitio donde se levantará el dique. “Lo que queremos es que no se construya la presa”.
Dueñas mantuvo una reunión a puerta cerrada con el resto de autoridades de Chone para evaluar la situación. Se conoció que se daría tiempo a los pobladores hasta mañana para que se acerquen a negociar con la Senagua. De lo contrario, las propiedades podrían declararse de uso público y serían tomadas por la fuerza, con la ayuda de la Fuerza Pública.
“Que no se atrevan”, dijo Boris Zambrano, un ecologista que apoya la protesta en Río Grande. “Aquí hay niños y mujeres que defienden a su tierra. Responsabilizamos al Gobierno de lo que pueda ocurrir. Ellos hablan de mantener un diálogo y no quieren escucharnos”.
El proceso judicial
Los dirigentes de Río Grande presentaron una acción de protección ante el Juzgado Tercero de Tránsito de Pichincha, el 27 de abril del 2011. Pero esta no fue aceptada.
El proceso pasó a una instancia superior y aún no hay un fallo. Según el abogado de la comunidad, Pablo Cornejo, mientras el caso no se resuelva no podrán intervenir las tierras.
En Senagua se indicó que la obra no se frenará.
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